La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes 1 de septiembre una reforma constitucional que prohíbe a cualquier opositor participar en los próximos comicios, amplía el mandato presidencial de seis a siete años y busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega‑Murillo.
La enmienda, votada por unanimidad bajo la presidencia del diputado Gustavo Porras, fue adoptada en una sesión especial frente a la catedral de León, a 90 kilómetros de Managua. Entre los criterios de exclusión se incluyen quienes hayan participado en la planificación o ejecución de un "golpe de Estado", los que sean calificados como "traidores a la patria" o quienes soliciten "intervención militar" o "bloqueos económicos".
El presidente Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, copresidenta de 75, gobiernan con poder absoluto desde hace casi dos décadas. Tras la represión de las protestas de 2018, que dejó más de 300 muertos según la ONU, miles de nicaragüenses, entre ellos dirigentes opositores, intelectuales y religiosos, se exiliaron bajo acusaciones de traición.
Los líderes opositores en el exilio advierten que la reforma busca asegurar la continuidad del régimen, especialmente porque Ortega padece lupus y problemas renales. La ampliación del mandato también se aplicará a las autoridades actuales, elegidas mediante voto popular en procesos cuestionados por la comunidad internacional.
La medida fue anunciada por Ortega el 19 de julio, en el aniversario de la revolución sandinista, y provocó un amplio rechazo internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA), a iniciativa de Estados Unidos, convocó una reunión urgente de cancilleres para debatir posibles sanciones contra el gobierno nicaragüense.
La reforma deberá ser ratificada en la segunda legislatura que iniciará a inicios de 2027, lo que se da por hecho. Mientras tanto, los comicios previstos para finales de 2024 fueron aplazados para noviembre de 2027, y la oposición ha solicitado sanciones económicas a nivel internacional.
En los últimos días, una docena de grupos opositores acordó un plan de transición política que incluye la excarcelación de presos políticos y la renovación de instituciones electorales, judiciales, policiales y militares, actualmente bajo control del gobierno.