El martes 1 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que el país ha decidido romper sus relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. La medida, anunciada por la cancillería encabezada por Carlos Espá, se sustenta en la acusación de que Irán ha inducido a la violencia y ha intensificado la escalada del conflicto en Medio Oriente.
En el comunicado oficial, el gobierno peruano denunció la "obstrucción enérgica" de Irán a la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al negar repetidamente el acceso de inspectores a instalaciones nucleares, lo que dificulta la verificación necesaria para prevenir la producción de armas nucleares.
Asimismo, la cancillería expresó una "profunda preocupación" por las "severas restricciones" impuestas por el régimen iraní, así como por la interrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz desde marzo de 2026. Estas acciones, según Perú, vulneran el derecho internacional y ponen en riesgo la seguridad marítima y energética global.
El Ejecutivo peruano justificó la ruptura de lazos diplomáticos como una muestra de su "histórica vocación pacifista" y de su "indecible compromiso con el respeto al derecho internacional". Además, señaló que ha observado con creciente consternación el deterioro de la democracia en Irán, denunciado por diversos mecanismos de las Naciones Unidas, entre los que se incluyen la represión de manifestaciones pacíficas, la censura a la prensa, la discriminación contra mujeres y niñas, y la persecución de opositores políticos.
La decisión fue comunicada a la Embajada de Irán en Ecuador, que también cubre los intereses peruanos en el país. Sin embargo, la cancillería precisó que la ruptura no implica la terminación de los servicios consulares, los cuales seguirán operando para proteger a los nacionales de ambas naciones y cumplir con lo establecido en el artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.