La crisis de salud pública por opioides sintéticos en Estados Unidos ha escalado a un nuevo nivel de alerta. La Casa Blanca emitió un aviso técnico sobre el incremento del carfentanilo, fluorofentanilo y metilfentanilo en el suministro ilícito de drogas, coincidiendo con la firma de una Determinación Presidencial que incluye a México entre 23 países señalados como zonas de tránsito o producción de estupefacientes.La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) reportó que estas sustancias están vinculadas a al menos 12,500 muertes desde 2023. El carfentanilo, desarrollado originalmente como sedante veterinario y conocido como "tranquilizante de elefantes" por su extrema potencia (hasta 100 veces mayor que el fentanilo convencional), registró un aumento del 206% en muestras desde 2024, mientras que el metilfentanilo creció un 297%. La agencia advirtió que las pruebas de orina estándar en hospitales no logran detectar estos compuestos, lo que representa un grave vacío en la atención de emergencias médicas.En el frente operativo, el administrador de la DEA, Terry Cole, identificó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como las prioridades número uno de la agencia. Cole afirmó que, desde el inicio de la segunda administración de Trump, se han decomisado más de 14,000 kilogramos de fentanilo y 62 millones de pastillas, calificando la sustancia como un "veneno" y exhortando a su personal a actuar con máxima contundencia.Desde el ámbito diplomático, la Determinación Presidencial firmada el 15 de septiembre reconoció los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum en la incautación de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la colaboración que contribuyó a la eliminación de figuras notorias como "El Mencho". No obstante, el mandatario estadounidense exigió que México fortalezca la integridad de su cadena de suministro, aumente significativamente las inspecciones en sus puertos de entrada y enfrente la corrupción interna. El documento hizo referencia expresa a las acusaciones contra servidores públicos en Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con "Los Chapítos", señalando que las inversiones actuales en seguridad son insuficientes para sostener la campaña contra el narcotráfico.