MÉXICO, DF
La falta de regulación en sociedades de ahorro daña a seis millones de personas.
A pesar que en México hay cerca de 6 millones de pequeños ahorradores que depositan su dinero en cajas populares, persiste el riesgo para las familias debido a que el proceso de regularización está inconcluso.
En diciembre de 2012, el Congreso dio “luz verde” a una nueva prórroga, bajo el argumento de que un mayor plazo permitiría a estas entidades cumplir con los requisitos que marca la ley y operar bajo mejores estándares de seguridad.
Incluso, las mismas autoridades coincidieron en que una nueva prórroga constituye una mala señal.
De acuerdo con las modificaciones a la Ley, la fecha límite para la regularización del sector vencía el 31 de diciembre de 2013, sin embargo, el Congreso la amplió hasta el 2014.
Esto aplica a las sociedades cooperativas, cuyos activos son iguales o superiores a 2.5 millones de Unidades de Inversión (UDIS), que aún no obtienen la autorización de la CNBV.
Jorge Estefan, director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), afirmó que es deseable que se ponga fin a las ampliaciones de plazo, porque “no podemos seguir bailando cuando ya terminó de sonar la música”.
Consideró que el sector de ahorro popular muestra un balance positivo, ya que logró hacer una sinergía con diversos segmentos de la población.
Aclaró que por el momento, no hay ningún “foco” en las caja de ahorro, aunque admitió que los fraudes se pueden presentar hasta en los bancos con los sistemas de seguridad más sofisticados.
Juan Pablo Zorrilla, especialista en finanzas personales y codirector de la reparadora Resuelve tu Deuda, consideró que el aplazamiento de los plazos se deben a cuestiones políticas.
Aseguró que lo que se requiere es alinear los incentivos necesarios para que las cajas pequeñas se apeguen a la ley.
Consideró que si bien no hay riesgo con las cajas grandes, “sí se podrían percibir problemas con las más pequeñas, ya que éstas al momento de incluirlas en la regulación podrían hasta quebrar”.
Dijo que la ley, tal y como está, es positiva y busca promover a esta industria.
Las cifras
La CNBV detalló que hay 70 sociedades de ahorro y crédito popular autorizadas y supervisadas por esta dependencia.
Estas entidades tienen activos totales por 61 mil millones de pesos, cifra que representa 69% de las sociedades con registro. Éstas dan servicios de ahorro y préstamo a casi 3.8 millones de socios, quienes cuentan con la protección del seguro de depósitos.
Hay 74 sociedades cooperativas cuya solicitud de autorización ya se presentó y están bajo análisis de la CNBV.
También hay 81 sociedades cooperativas cuyo expediente se encuentra en revisión, a efecto de obtener el dictamen favorable necesario para solicitar la autorización ante la CNBV.
Pero mientras no obtengan la autorización, sus ahorradores no cuentan con la cobertura de la cuenta de seguro de depósitos del Fondo de Protección.
Ante ello, la Comisión recomendó a los socios ahorradores de estas entidades a que presionen a los directivos para que terminen el proceso de autorización.
Además, hay 47 más con activos superiores a 2.5 millones de UDIS evaluadas en A, B o C y que a la fecha no han presentado su expediente y 25 que aún no brindan datos completos para evaluarse.
Las que no puede captar
La CNBV detalló que hay 26 sociedades cooperativas evaluadas por el Comité de Supervisión Auxiliar que no están en posibilidades de cumplir con los requisitos mínimos para poder solicitar la autorización de esta dependencia, y por lo mismo “deben abstenerse de hacer operaciones que impliquen captación de recursos”.
Precisó que hay 292 sociedades cooperativas con nivel de operación básico, las que no requieren autorización mientras sus activos totales no superen el equivalente en pesos a los 2.5 millones de UDIS. Sólo deben estar registradas en el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección. Estas sociedades cuentan con activos por mil 201 millones de pesos y atienden a 179 mil socios y sus ahorradores no cuentan con la cobertura de la cuenta de seguro de depósitos del Fondo de Protección.
La dependencia reiteró que las sociedades que realicen operaciones de ahorro y préstamo en tanto no obtengan la autorización de la CNBV, no son sociedades supervisadas por esta Comisión, y sus ahorradores no cuentan con protección en caso de quiebra.
Lo anterior, representa mayor riesgo de pérdida de ahorro para sus socios.
La ley
En el año 2000 se emitió una ley para poner orden y regular a este sector, luego de los fraudes millonarios que se registraron en diversas regiones del país y que afectaron a cientos de ahorradores.
En la CNBV mencionaron que una de las razones por las que el sector no se desarrolla plenamente es la falta de regulación y supervisión.
La ausencia de un esquema regulado propició que “sociedades” sin ética y poco profesionales cometieran fraudes en contra del patrimonio y la confianza de sus socios y ahorradores. Lo anterior, dijo, provocó un efecto negativo en la imagen y reputación de todo el sector.