La Fundación Iris, una organización civil dedicada a la defensa de la justicia, logró una suspensión provisional que frena la publicación del decreto que propone reformas al sistema judicial.
La suspensión fue otorgada por el juzgado segundo de distrito en Colima, en cumplimiento de una resolución del tribunal colegiado de la misma entidad. La resolución, que considera fundado el recurso de amparo presentado por la Fundación Iris, ordena a las autoridades responsables que no materialicen los actos reclamados. Esto significa que la discusión y aprobación de la reforma constitucional en las cámaras de Diputados y Senadores, así como en las legislaturas de los estados, queda suspendida, al menos hasta que el tribunal colegiado emita una resolución definitiva.
El tribunal colegiado, integrado por los magistrados Joel Fernando Tinajero Jiménez, Martín Ángel Rubio Padilla y José David Cisneros, considera que la suspensión protege principios constitucionales fundamentales como la progresividad, la retroactividad, el acceso a la justicia, la autonomía e independencia judicial, la división de poderes y la república federal.
La resolución también establece que en caso de que la reforma constitucional se apruebe, el decreto respectivo no deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
La suspensión provisional tiene un plazo de 24 horas para ser cumplida por las autoridades responsables. De no hacerlo, podrían enfrentar penas de prisión, multas, destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
La batalla legal por la reforma judicial continúa. La Fundación Iris, por su parte, sigue luchando por la defensa de los principios constitucionales que consideran vitales para un sistema judicial independiente y eficaz.
La suspensión provisional, una medida cautelar, genera incertidumbre sobre el futuro de la reforma judicial, pero al mismo tiempo abre un espacio para el debate y la reflexión sobre la importancia de la independencia judicial y la defensa de los derechos fundamentales.