Sin embargo, un análisis detallado del discurso revela un vacío importante: la falta de información específica sobre los mecanismos de seguimiento y evaluación que garantizarán el cumplimiento de la ley y la transparencia en su implementación.
La ley se sustenta en diez principios centrales, que buscan transformar la relación del gobierno con la ciudadanía y las empresas. Se mencionan, por ejemplo, la creación de un sistema único de identificación digital, la integración de datos en una plataforma digital, la eliminación de trámites innecesarios y la impulso de la firma electrónica.
Aunque la propuesta es atractiva, surge una inquietud fundamental: ¿cómo se asegurará el gobierno que estos principios se cumplan? No se mencionan herramientas concretas, indicadores medibles, instancias responsables de monitorear la implementación, ni mecanismos de rendición de cuentas al público. La referencia constante a la experiencia de la Ciudad de México no basta para asegurar la transparencia y el cumplimiento de la ley a nivel federal.
La ausencia de información sobre mecanismos de control independiente, auditorías periódicas, plataformas de seguimiento público o la publicación de informes de avance con indicadores medibles deja una brecha crítica.
Es fundamental que el gobierno, más allá de la presentación de la Ley, defina con claridad los mecanismos que garantizarán su cumplimiento y la transparencia en su implementación. La falta de este tipo de información genera incertidumbre sobre cómo se asegurará el éxito de una ley tan importante para la modernización del país.