El foco de la controversia reside en una nueva política implementada en mayo de 2024 por la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara. Se trata de un esquema de turnos de 14 horas de servicio por 34 de descanso, un horario que, según la oficial Rosa Rivera, de la Unidad de Resguardo de Servicios Establecidos, genera un descontento generalizado entre sus compañeros.
Dentro de esas 14 horas, se incluyen dos horas obligatorias de ejercicio físico. Según Rivera, “Es saliendo o antes de entrar; ellos no se preocupan. No hay un oficio ni un artículo que nos obligue a hacer ejercicio, pero nos dicen que es por necesidades del servicio.” La inconformidad no se limita al tiempo extra dedicado al ejercicio. Se exige, incluso a los policías lesionados, el envío de fotografías como prueba de que cumplen con esta exigencia, bajo amenaza de sanciones.
La situación se complica aún más con la falta de compensación económica. Rivera destaca que “durante la gestión del entonces presidente municipal Pablo Lemus, se prometió un aumento salarial que nunca se concretó.” La promesa de un aumento se ha visto sustituida por vales, una medida que, según la oficial, no representa una mejora significativa, especialmente para quienes están próximos a jubilarse. Además, se denuncia la falta de oportunidades de ascenso, limitando el desarrollo profesional de los agentes.
La Comisaría de Guadalajara, en un comunicado, defendió la política de horarios y ejercicio, argumentando que el tiempo total semanal no supera las 48 horas estipuladas en los contratos. Sin embargo, los policías argumentan que esto contradice el artículo 77 del reglamento interno de la Comisaría, que establece turnos programados de ocho o doce horas. Las discrepancias entre lo establecido y lo ejecutado generan un clima de tensión.
El descontento se extiende más allá de la cuestión horaria. Se cuestiona la falta de consideración a las diferentes condiciones físicas y de salud de los agentes. Algunos oficiales, con lesiones previas o problemas de salud, consideran que las exigencias físicas son excesivas y agravan su estado. La falta de respuesta de la Comisaría ante la demanda de un aumento salarial solo intensifica el malestar.
La situación refleja un desequilibrio entre las políticas administrativas y las necesidades de los trabajadores, dejando al descubierto una problemática latente dentro de la corporación policial de Guadalajara.