7 mil millones para elecciones judiciales: La opacidad preocupa a México
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El Diario de SonoraLa discusión se centra en la reforma al Poder Judicial y el presupuesto asignado a las próximas elecciones judiciales. Se habla de una cifra impactante: siete mil millones de pesos. Esta cantidad, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina del 9 de enero de 2025, ha generado un debate nacional.
La mandataria, heredera del legado de Andrés Manuel López Obrador, ha cuestionado públicamente la falta de transparencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en la asignación de estos recursos. “No estamos seguros de cómo se utilizará ese dinero,” declaró Sheinbaum, generando incertidumbre sobre la verdadera necesidad de dicha inversión.
La propuesta gubernamental de reformas electorales para 2025 incluye medidas como la no reelección, la lucha contra el nepotismo y la disminución del financiamiento a los partidos. Sin embargo, estas medidas, a juicio de muchos analistas, parecen insuficientes para abordar la magnitud del presupuesto en cuestión. De hecho, la reducción de costos en las elecciones, mientras se busca mantener la transparencia, es un objetivo aún sin una estrategia clara.
Para ilustrar la magnitud del gasto, Sheinbaum Pardo realizó una comparación: “Siete mil millones de pesos equivalen a la construcción de dos cablebuses en la Ciudad de México.” Si bien la analogía es efectiva para resaltar la cuantía, no explica el destino de los fondos ni despeja las dudas sobre su gestión.
Más inquietante aún son las insinuaciones sobre el posible uso de recursos de los fideicomisos de la Corte para financiar la elección judicial. Aunque la reforma constitucional lo permite, la falta de detalles sobre su destino alimenta la desconfianza y las sospechas de falta de rendición de cuentas. El gobierno federal se enfrenta a la tarea de clarificar estas dudas y ofrecer una justificación convincente del gasto.
La situación se complica con la promesa de una reforma electoral que, entre otras cosas, eliminará las listas plurinominales y promoverá una mayor participación ciudadana. Sin embargo, hasta ahora, se carece de información concreta sobre cómo se materializará esta promesa y su relación con el polémico presupuesto.
La falta de detalles concretos y la opacidad en el manejo de los recursos públicos generan un clima de incertidumbre. La transparencia, en este caso, se convierte en un desafío crucial para la administración actual, cuyo éxito dependerá de la capacidad para ofrecer respuestas satisfactorias y justificar el uso de cada peso.
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