Tijuana declara emergencia ante posible deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos

La declaración de emergencia emitida por el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, este miércoles 15 de enero, ha puesto en el foco mediático la posibilidad de una deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos. Esta decisión, aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento, se debe a la preocupación, según el alcalde, de que las amenazas de deportaciones masivas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se conviertan en realidad. Burgueño Ruiz, perteneciente al partido Morena, ha declarado ante los medios que la medida se tomó “por la preocupación de una contingencia en ese sentido, en caso de que el nuevo presidente de Estados Unidos cumpla con sus amenazas”.

La respuesta del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido cautelosa. En su conferencia matutina, Sheinbaum declaró que "no entiende muy bien por qué" Tijuana declaró la emergencia, pero afirmó que su gobierno está preparado para recibir a los deportados. Esta discrepancia entre las declaraciones del gobierno federal y municipal añade una capa de complejidad a la situación.

La preocupación en México es palpable. Se estima que cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos son mexicanos, y las remesas que envían representan casi el 4% del PIB nacional. La posibilidad de una deportación masiva tendría un impacto económico y social devastador. El alcalde Burgueño Ruiz ha destacado la importancia de "otorgar condiciones de un trato digno a las personas que sean deportadas, así como privilegiar el respeto a los derechos humanos y garantizarles un buen retorno a quienes podrían llegar por Tijuana”.

Para enfrentar esta potencial crisis, el Ayuntamiento de Tijuana ha otorgado facultades extraordinarias al secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero León, para realizar las contrataciones y adquisiciones necesarias. Esto incluye:

• Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
• Contratación de servicios públicos, internet y servicios jurídicos.
• Adquisición de equipos, insumos y materiales.
• Adecuaciones de obras.

Además, se planea la instalación de un "puente humanitario" mediante una coordinación interinstitucional, requiriendo recursos extraordinarios. La magnitud del reto se extiende más allá de Tijuana, afectando a todas las ciudades fronterizas del norte de México. El Ayuntamiento de Tijuana ha afirmado que asume "su responsabilidad social e histórica, mediante la aprobación de este punto de acuerdo".

La situación en la frontera permanece tensa a la espera de la toma de posesión del nuevo presidente estadounidense y el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días.

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