Una deuda de 40 millones de pesos ha acaparado los titulares. Se trata de un adeudo del Ayuntamiento de Guadalajara a la empresa Caabsa, por servicios de recolección de basura correspondientes a noviembre y parte de diciembre de 2023, período en el que finalizó la concesión. La alcaldesa, Verónica Delgadillo, ha ofrecido declaraciones al respecto, asegurando que el municipio “está avanzando en sus responsabilidades administrativas” y que se está trabajando para saldar la deuda.
Pero la situación no se limita al pago pendiente. Según Delgadillo, también se está revisando el estatus de los trabajadores de Caabsa. Se encuentran en proceso las contrataciones para aquellos que aún no cuentan con un contrato formal. "Si se está trabajando ya y está muy avanzado," afirmó Delgadillo, destacando el liderazgo de Óscar Villalobos, de la coordinación de servicios públicos municipales, en este proceso. La creación del Organismo Público Descentralizado (OPD) también se menciona como parte de las acciones para gestionar la transición.
La complejidad del caso trasciende lo financiero. Se menciona una exhaustiva revisión de la situación en el vertedero de Laureles y Matatlán, en la que participan diferentes instancias gubernamentales: el Gobierno del Estado, la Proepa (Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente), la Semadet (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial), la sindicatura municipal y la consejería jurídica. Delgadillo asegura que "se está siguiendo todo el proceso jurídico que es pertinente para este proceso de cierre de relación".
La administración municipal espera emitir una postura formal en los próximos días, una vez que se aclaren todos los detalles legales. Hasta entonces, la situación se mantiene bajo escrutinio público, con la atención puesta en la transparencia y la eficiente gestión de los recursos.