Fracaso en programa de apoyo infantil en México: solo 17% de niños beneficiados

Según el Tercer Informe Trimestral de 2024 de la Secretaría del Bienestar, el "Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras", presentó un panorama complejo. A pesar de un presupuesto inicial de 3,067.71 millones de pesos (reducido posteriormente a 2,477.49 millones), y un gasto del 90.86% del presupuesto calendarizado hasta septiembre, sólo 270,245 menores recibieron apoyo.
Esto representa una cifra considerablemente inferior a la meta: de una población objetivo estimada en más de 1.5 millones de niños, la cobertura real apenas llega al 17%. Dentro de ese porcentaje, 221,117 corresponden a la Modalidad A (menores de 4 años, o hasta 6 con discapacidad), que apenas alcanza el 14% de su objetivo, mientras que solo 49,128 menores se beneficiaron de la Modalidad B (huérfanos de madre), menos del 2% del estimado.
El bajo alcance del programa no se limita a la cantidad de beneficiarios. De los 2,744 comités de Contraloría Social planeados, solo se crearon 1,474 (53.72% de la meta). Aun cuando en términos de entregas se cumplió con el 95.24% del objetivo en la Modalidad A (822,619) y el 103.03% en la B, la evaluación se realizó sobre una base menor al estimado inicial (1 millón 320,000 y 300,000 respectivamente), lo cual pone en tela de juicio las cifras.
Expertos como Patricia Ganem, coordinadora del Observatorio de Investigación de Educación con Rumbo, critican la falta de evaluación de impacto real y la distribución indiscriminada de recursos. Señala la ausencia de diagnósticos que permitan medir el efecto real de los apoyos, lamentando la falta de evidencia sobre cómo el dinero beneficia a los menores en aspectos como salud, educación o desarrollo. "Ya llevamos seis años... sin evidencia del impacto de estos programas," afirma.
Jesús Villalobos, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, coincide en que el programa es un "pozo sin fondo", considerando que se trata de un paliativo que no aborda las causas del problema. Para él, la solución requiere una inversión en educación y no en acciones superficiales. La falta de políticas públicas integrales con enfoque de derechos y la ausencia de oportunidades a largo plazo para estas familias son preocupaciones adicionales que se plantean.
El debate sobre la eficiencia del programa continúa, con propuestas de mejorar la transparencia, crear bases de datos más detalladas, y enfocar los recursos en quienes realmente los necesitan, además de la discusión sobre cambiar el modelo de transferencia directa por la construcción de una infraestructura nacional de cuidados.