Entre los afectados hay figuras de alto perfil, aunque la mayoría prefiere mantener el silencio para evitar daños a su imagen. "La revocación de una visa no es un acto inocente. Puede ser la antesala de algo más serio", comentó una fuente cercana al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum bajo condición de anonimato. Hasta ahora, solo la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha confirmado públicamente la medida, negando cualquier vínculo con el crimen organizado.
Detrás de esta estrategia hay un patrón:
Lo más inquietante, según un exfuncionario del Departamento de Estado, es la opacidad del proceso. "Cuando revocas visas sin explicaciones, generas paranoia. Nadie sabe si está en la lista o por qué", afirmó. La sombra de investigaciones penales no declaradas planea sobre los afectados, aunque —como admiten expertos— también podría tratarse de meras maniobras de presión geopolítica.
Mientras, en Los Pinos evalúan respuestas discretas. Cancelar visas de funcionarios estadounidenses sería el contraataque lógico, pero podría escalar un conflicto que ninguna de las partes quiere llevar al límite. Por ahora, el silencio oficial mexicano habla más fuerte que cualquier declaración.