Las autoridades describen la zona como un enclave de comercio nocturno donde, de manera encubierta, se ofrecían servicios de acompañamiento y, en algunos casos, actividades sexuales pagadas.
Según los informantes, las clientelas pagaban 350 pesos por una copa acompañada de una trabajadora que les brindaba compañía. Cuando se solicitaba un “privado”, el precio subía a 500 pesos, incorporando una sesión de baile sin ropa. Para acceder a relaciones sexuales, se exigía un pago adicional de 2,000 pesos por un lapso de 15 minutos, de los cuales el encargado, identificado como Domingo “N”, se quedaba con el 60 por ciento.
Durante la incautación, los agentes hallaron una serie de objetos que corroboran la actividad ilícita: preservativos, cantidades de dinero en efectivo, libretas de registro de clientes y una laptop que probablemente se utilizó para gestionar las operaciones.
Una vez completado el cateo, el inmueble quedó bajo resguardo de la FGE, mientras que las 14 mujeres identificadas como víctimas fueron trasladadas a la Fiscalía para su resguardo y atención. El encargado, Domingo “N”, y la evidencia recopilada son ahora objeto de la investigación del Ministerio Público, que determinará las medidas judiciales correspondientes.
La operación se enmarca en una serie de esfuerzos gubernamentales para combatir la trata de personas y la explotación sexual en la región. Se espera que la celeridad de los procesos judiciales y la asistencia a las víctimas fortalezcan la respuesta del Estado frente a este flagelo.