En la práctica, la medida ha permitido que cientos de conductores de la región puedan registrar sin complicaciones sus vehículos de origen extranjero, siempre y cuando cumplan con los estándares ambientales y de seguridad que exige la ley. Desde su primera aplicación en 2011, el esquema ha sido revisado en 11 ocasiones, con la última alteración oficial publicada el 4 de noviembre de 2024. Cada ajuste ha buscado adaptarse a los cambios en la normativa internacional y a las demandas de la industria automotriz.
Según la última edición del decreto, se establece que la certificación de origen debe basarse en datos fidedignos sobre la fabricación o ensamblaje del vehículo. Asimismo, se retira la posibilidad de importar de manera definitiva aquellos modelos que por razones técnicas o de seguridad no estén permitidos en su país de origen, o que presenten reportes de robo. Esta postura busca proteger tanto al consumidor como la integridad del mercado nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de los secretarios de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y de Economía, Marcelo Ebrard, firmó el documento que da continuidad al programa. En su declaración, la mandataria enfatizó que la iniciativa ayuda a reducir brechas de desigualdad al facilitar el acceso a un medio de transporte confiable y digno para los habitantes de la zona fronteriza.
Entre los actores que han expresado escepticismo, la industria automotriz mexicana ha señalado que el reglamento puede interpretarse como una herramienta para regularizar la chatarra automotriz y facilitar la formalización del contrabando vehicular. Este punto de vista ha generado debates sobre la verdadera intención del gobierno en relación con la economía local y la seguridad vial.
El decreto, que ahora se extiende hasta el 30 de noviembre de 2026, reafirma el compromiso de la administración de seguir promoviendo la integración económica con Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo, busca equilibrar la necesidad de un mercado activo con la protección de los consumidores y la integridad del régimen jurídico mexicano.