Los usuarios reportan que, a menudo, se ven atrapados en pagos automáticos que no reconocen o que son difíciles de cancelar. Una encuesta reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mostró que, en 2024, más de 20.000 quejas llegaron a la institución por cargos no autorizados o por la imposibilidad de dar de baja suscripciones.
Ante esta situación, el Senado aprobó el 5 de noviembre una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que busca poner fin a esas prácticas que han generado frustración entre los usuarios.
La iniciativa, impulsada por la senadora Cynthia López Castro, presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores, obliga a las empresas a notificar con al menos cinco días de anticipación antes de renovar cualquier suscripción, servicio o membresía. Además, otorga al consumidor el derecho a cancelar de forma inmediata y sin penalizaciones.
Entre las nuevas disposiciones se establece que los proveedores deberán informar de manera clara, destacada y accesible si el servicio implica cobros automáticos, especificando la periodicidad, el monto y la fecha de cada pago. Cualquier cargo recurrente requerirá el consentimiento expreso e informado del usuario, y las empresas tendrán la obligación de permitir la cancelación inmediata, sin imposición de obstáculos ni cargos adicionales.
La senadora López Castro destacó durante la discusión legislativa: “Si registrarse en una plataforma toma segundos, cancelar debe tomar lo mismo. Lo fácil no puede ser sólo pagar, también debe ser cancelar”.
Con la aprobación unánime del Senado, que contó con 91 votos a favor, la reforma avanza hacia el Ejecutivo Federal para su promulgación y entrada en vigor. La nueva normativa se alinea con la tendencia internacional de protección al consumidor digital, como la regla “Click-to-Cancel” de la Federal Trade Commission de Estados Unidos y las directrices de la Unión Europea en materia de comercio electrónico.
Las plataformas más populares, entre las que se encuentran Netflix, Spotify, y varias empresas de telecomunicaciones, deberán ajustar sus procesos para cumplir con los nuevos requisitos. Se espera que la ley entre en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, marcando un cambio significativo en la relación entre consumidores y proveedores de servicios digitales en México.