El mensaje oficial aclara que cuando la privación de libertad es perpetrada por actores no estatales y cuenta con autorización, apoyo o al menos la tolerancia del Estado, la situación se catalogará como desaparición forzada, y no solo como desaparición. La definición coincide con la adoptada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU.
Familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos recibieron con beneplácito la admisión, pues marca una diferencia sustancial respecto a las posiciones anteriores que minimizaban la relación entre el Estado y las desapariciones. No obstante, el mismo comunicado incluye una frase que ha generado rechazo: “la desaparición de personas es un delito grave que se combate…”.
Los grupos de presión sostienen que la palabra “combate” es inadecuada para describir las actividades de prevención, investigación y sanción de delitos, pues se asocia mayormente con el ámbito militar y con la lucha armada. Según sus argumentos, el uso de un lenguaje militarista distorsiona la percepción de la seguridad pública y de la justicia penal.
Al mismo tiempo, el texto oficial sostiene que las alegaciones del CED “carecen de sustento”, sin detallar los criterios que respaldan dicha afirmación. Este punto ha sido especialmente polémico, ya que el Comité ha señalado la existencia de desapariciones generalizadas y una impunidad “casi absoluta” en México.
Datos recientes apuntan a que más de 133,000 personas son oficialmente reconocidas como desaparecidas, con un promedio de 40 nuevas desapariciones diarias durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En cuanto a sentencias, solo se han dictado 373 condenas por desaparición forzada entre 2017 y enero de 2025, cifras que contrastan con el número de casos abiertos.
El debate también se centra en la militarización de la seguridad pública. La reciente reforma constitucional que trasladó la Guardia Nacional al ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido citada como un ejemplo de la consolidación de un modelo militar en la lucha contra la delincuencia.
En medio de estos hechos, la SRE afirma que la estrategia nacional de construcción de paz y seguridad incluye medidas de prevención y sanción, sin embargo, la falta de resultados concretos en la reducción de las desapariciones sigue siendo motivo de preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil.