Según declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los escoltas del alcalde, que pertenecían al cuerpo de policía municipal, deberán volver a declarar ante las autoridades. “Los policías municipales que formaban el primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar. La declaración que usted menciona la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, cuando disparó al agresor”, explicó Harfuch durante su breve participación en la mañanera del estado.
Al mismo tiempo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que la fiscalía estatal seguirá investigando el homicidio de Víctor Manuel Ubaldo Vidales. Se presume que el asesino, quien había sido detenido y sometido a un protocolo de protección, recibió un disparo que resultó fatal. “Los peritajes continúan para determinar el arma que causó la muerte del agresor. Se sigue verificando el arma que disparó contra el presidente municipal”, señaló Ramírez Bedolla.
El secretario Harfuch también aclaró que, aunque los escoltas no están detenidos, están localizados y se les convoca a declarar cada vez que las autoridades lo requieran. En relación a la posible implicación de la Fiscalía General de la República, el funcionario indicó que todavía están evaluando si el caso se ajusta a los criterios de delincuencia organizada, aunque no descarta la posibilidad de que sea un delito con motivaciones políticas.
En una respuesta a las críticas dirigidas a la Guardia Nacional, el general Ricardo Trevilla defendió la integridad del protocolo de protección. “El protocolo no falló. El protocolo de la Guardia Nacional está diseñado para proteger a funcionarios. Si el alcalde hubiera aceptado ser resguardado por personal de la Guardia, con formación especializada en protección, se habría incrementado su nivel de seguridad”, sostuvo el general.
Con la reanudación de las declaraciones y la continuación de los peritajes, las autoridades persisten en la búsqueda de una respuesta clara y definitiva sobre los hechos que culminaron con la muerte del alcalde, mientras la comunidad de Uruapan espera respuestas que fortalezcan su confianza en la protección pública.
