Con la entrada en vigor de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, el Congreso inició el martes la serie de audiencias públicas que se desarrollarán a lo largo de cuatro días en el recinto de San Lázaro. El objetivo, según la Secretaría de la Casa, es votar las iniciativas antes de que concluya el actual periodo de sesiones, en menos de un mes.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena, abrió el debate con la promesa de ajustes a los proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la participación de 430 organizaciones, investigadores y universidades. “Escucharemos a todos los actores antes de tomar una decisión”, afirmó.
Entre los primeros interventores se encontraba José Luis Luege, ex director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Luege advirtió sobre la concentración de facultades de concesión y permisos que hoy corresponden a los 13 organismos de cuenca, y explicó que las 722 cuencas del país están agrupadas en 37 regiones hidrológicas, administradas por dichos organismos.
Octavio César Hernández, representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), se opuso a la eliminación de la figura de transmisión de derechos de agua, argumentando que existen soluciones simples para frenar la especulación sin afectar a la ganadera.
Roberto Lara, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, calificó el artículo sexto transitorio de la reforma como inconstitucional, pues establece que los trámites iniciados antes de la minuta se resolverán conforme a la ley anterior siempre y cuando no contravengan los principios del nuevo ordenamiento.
Jesús Padilla, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Congreso de Zacatecas, expresó la preocupación de los productores agrícolas, señalando que la prisa por atender una “emergencia nacional” se hizo sin tener en cuenta la realidad de miles de campesinos que dependen de la producción local.
En la Comisión de Recursos Hidráulicos, Elizabeth Cervantes aseguró la apertura para recibir propuestas y construir una Ley General de Aguas inclusiva, donde todas las voces sean escuchadas. Dolores Padierna, vicecoordinadora morenista, añadió que toda opinión de “buena fe” será considerada y retomada, aunque también se llevará a cabo un debate interno para llegar a conclusiones.
Este proceso, que se desarrolla en el marco de una agenda de reformas climáticas y de gestión del agua, podría establecer nuevos precedentes en la regulación hidrológica del país, con implicaciones que van más allá de las fronteras de la capital y llegan a los regímenes de uso de agua en todo el territorio nacional.