Recientemente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE solicitó a la Secretaría de Finanzas del partido Morena el reintegro de los 347.461.053,09 pesos que, según el organismo, sobraron de los gastos de campaña federales correspondientes al proceso electoral ordinario 2023‑2024. La petición, presentada en forma de oficio, busca que el partido cubra la totalidad del remanente recibido a través del financiamiento público.
Morena respondió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con una impugnación, alegando que dicha dirección no posee competencia para imponer obligaciones de reembolso al partido. A la defensiva, el partido sostuvo que el procedimiento adecuado implicaría la intervención de la Unidad Técnica de Fiscalización y la Dirección Ejecutiva de Administración, órganos con facultades específicas para tratar los remanentes de campañas.
Paralelamente, el presidente del TEPJF, el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz, presentó un proyecto de resolución que, de adoptarse, dejaría claras las atribuciones de cada entidad. En él, se propone que el Consejo General del INE sea el encargado de analizar el caso, otorgar audiencia al partido y determinar la procedencia del requerimiento, dejando fuera de su ámbito deliberativo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
El oficialismo de Bátiz explicó que la Dirección Ejecutiva no puede, por sí sola, emitir oficios o requerimientos que tengan impacto sobre el reintegro de los remanentes de financiamiento. Según el magistrado, tales actos corresponderían a la Unidad Técnica de Fiscalización y a la Dirección Ejecutiva de Administración, y cualquier acción a efectos de la devolución debería ser formulada por el Consejo General conforme a las formalidades establecidas.
Con este enfoque, el presidente de la Sala Superior se abre a la posibilidad de que el Consejo analice de nuevo el monto y aplique las medidas pertinentes en un plazo de 24 horas. Así, el TEPJF busca aclarar la línea de autoridad del INE y garantizar la legalidad de los procedimientos de recolección de los fondos de campaña.