El debate público sobre la Ley Aduanera se ha mantenido activo desde la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados el pasado 21 de octubre. Con 343 votos a favor y 123 en contra, el proyecto se presentó como una respuesta contundente a la corrupción y al contrabando que históricamente han erosionado la confianza en las instituciones aduaneras.
La reforma, que fue remitida al Ejecutivo tras su aprobación parlamentaria, incluye la creación de un Consejo Asesor que tendrá la potestad de decidir sobre otorgamientos, suspensiones y cancelaciones de patentes aduanales. Este órgano también supervisará la inhabilitación de agentes y la autorización de agencias, consolidando así un marco regulatorio más estricto.
Según la normativa, el reglamento de la Ley Aduanera deberá ser actualizado en un plazo de 120 días naturales, mientras que la Secretaría de Hacienda dispondrá de 90 días para emitir los lineamientos operativos del nuevo Consejo. Este último será clave para garantizar que los procedimientos se apliquen de manera uniforme y sin ambigüedades.
La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el decreto reformado en el Diario Oficial de la Federación el día de hoy, marcando un hito importante en el proceso de implementación. La publicación confirma que las disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, salvo excepciones relacionadas con el depósito de garantías y la importación temporal de mercancías, que se activarán entre uno y tres meses posteriores.
Mientras tanto, las empresas que dependen de los trámites aduaneros están evaluando cómo los cambios podrían impactar sus cadenas de suministro. Los analistas señalan que la reforma podría traducirse en una mayor eficiencia operativa y en la reducción de los costos asociados al manejo de mercancías.
Con la reforma a la Ley Aduanera en marcha, el panorama aduanero mexicano se prepara para una nueva era de cumplimiento y control, prometiendo un entorno más seguro y predecible para el comercio internacional del país.