Durante los últimos meses se ha observado un patrón de retrasos que ha generado preocupación entre los actores institucionales y privados. La licitación destinada a cubrir la producción de más de 94 millones de credenciales para el periodo 2026‑2031 estuvo inicialmente suspendida por la elección presidencial y, posteriormente, por una orden judicial que impuso una pausa adicional. Este escenario provocó que la empresa adjudicataria, Veridos México, tuviera que negociar dos convenios de ampliación, el primero fechado el 30 de agosto de 2024 y el segundo en junio de 2025, con vigencia hasta el 31 de mayo de 2036.
Tras la última revisión, la convocatoria se reanudó de forma exprés, pero el proceso volvió a demorarse, fijándose una nueva fecha de cierre para el 12 de diciembre. La incertidumbre que rodea estos plazos ha llevado a que varias empresas participantes expresen su descontento, lo que, según analistas, podría desencadenar una ola de litigios que ya se consideran elevados en licitaciones de esta magnitud.
Ante esta situación, la presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, Carla Humphrey, ha solicitado a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la elaboración de un informe exhaustivo que detalle los riesgos asociados al retraso y a los cambios que han generado la frustración de las empresas. Humphrey explicó que, aunque la comisión no ejerce control directo sobre los procesos de licitación, es esencial que las consejerías reciban información clara y oportuna.
El informe deberá cubrir, entre otros aspectos, la apertura de las propuestas técnicas y económicas de los participantes, prevista para el jueves, y la viabilidad de incluir nuevos elementos en el diseño de la credencial. Entre las propuestas se encuentran distintivos para personas con discapacidad, identidad sexogenérica y la opción de indicar voluntariado de órganos.
Jaime Castañeda, representante de Morena, manifestó su preocupación por la posible proliferación de reclamos empresariales, advirtiendo que podrían acarrear litigios adicionales y poner en riesgo la viabilidad del nuevo modelo de credencial. Castañeda calificó la situación como un punto de inflexión que exigirá una coordinación más estrecha entre las autoridades y los sector privado.
En definitiva, el proceso de licitación de la credencial de elector se enfrenta a un escenario complejo que combina la necesidad de garantizar la integridad y disponibilidad de las tarjetas con la exigencia de un marco legal y contractual sólido. La respuesta de la Dirección Ejecutiva y la evaluación de la viabilidad de los nuevos diseños serán determinantes para el futuro de la identificación electoral en México.