En una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ciertos productores agrícolas que poseen concesiones gratuitas de agua para riego están aprovechando el recurso de forma indebida. Según la mandataria, estos ganaderos vendrían a generar unos 300 millones de pesos anuales al revender el agua a los gobiernos municipales, mientras que la ley les exime de pagos por su uso en la producción de alimentos.
Sheinbaum explicó que en diversas entidades el agua destinada a riego se distribuye sin costo porque el objetivo principal es la producción de alimentos. “En teoría no deben pagar por la agua que usan para su producción, pero si la venden a los municipios, se les crea una ganancia enorme”, señaló, además de referirse a la presencia de camionetas y bloqueos carreteros en algunos distritos de riego.
La presidenta también criticó la actitud de ciertos concesionarios que, según ella, “quieren seguir manteniendo ese privilegio” y se oponen a los cambios que pretenden el paquete de reformas en materia de aguas nacionales. “No podemos seguir con el acaparamiento que existe”, declaró, haciendo referencia a la necesidad de que el Congreso apruebe las modificaciones propuestas.
En el mismo contexto, Sheinbaum recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón se otorgaron numerosas concesiones de agua, y afirmó que el objetivo del nuevo marco legal es acabar con los privilegios que favorecían a unos pocos. “No a los privilegios, sí a la ley y al estado de derecho”, afirmó, citando a Juárez para reforzar su punto de vista.
La presidenta pidió a Efraín Morales, director general de CONAGUA, que fuera acompañada por los responsables de la autoridad en los estados que están presentando manifestaciones, para esclarecer el panorama actual y demostrar que no se trata de caos sino de una defensa de la normativa.
El tema sigue generando debate y se espera que la comisión de reformas sobre el uso del agua sea tomada en cuenta en la agenda legislativa. Si bien la presidenta no ofreció una solución inmediata, los cambios propuestos podrían tener repercusiones significativas en la gestión hídrica del país y en la relación entre productores y gobiernos locales.