Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), destacó en el Foro Estrategias para el Desarrollo Económico desde la Vivienda, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), que la cantidad de trámites sigue siendo alarmante. Según la empresaria, el nivel federal contempla alrededor de 7,500 procesos, mientras que cada estado añade, en promedio, mil más. La Ciudad de México, por ejemplo, redujo su cifra de 2,500 a 500 trámites bajo la administración actual, pero mantiene un promedio de 15 requisitos por trámite.
Gómez explicó que la disparidad entre estados crea una brecha que dificulta la implementación de la simplificación propuesta. “Algunos estados cumplen, otros no”, afirmó, subrayando la necesidad de un marco regulatorio uniforme. El presidente nacional de Canadevi, Eduardo Ramírez Capó, reaccionó a la situación, cuestionando la viabilidad de avances concretos en un contexto donde la discrecionalidad municipal se ha vuelto “terrible” y actúa como un inhibidor de la eficiencia.
El enfoque de Gómez recae sobre la digitalización como la vía más viable para eliminar la discrecionalidad. “En la administración pasada se intentó recuperar la capacidad operativa y de reacción de las secretarías”, indicó, enfatizando la importancia de la tecnología para modernizar los procesos. La coordinadora subrayó que la digitalización no solo agiliza trámites, sino que también fortalece la trazabilidad y la integridad de la información.
En junio, el Senado aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la cual contempla la creación de una plataforma que centralice datos personales y biométricos mediante la Llave MX. La legislación propone convertir la Clave Única de Registro de Población (CURP) en un documento único que abarque datos personales, fotografías y atributos biométricos como huellas dactilares e iris. Si bien la iniciativa promete reducir la carga administrativa, también plantea desafíos en torno a la protección de datos y la seguridad de la información.
El futuro del sector inmobiliario en México, según los protagonistas de la discusión, depende de la sinergia entre la simplificación normativa y la adopción de soluciones digitales que garanticen la transparencia y la eficiencia. La consolidación de estos esfuerzos determinará si la industria logra superar las barreras burocráticas y responder a la creciente demanda de vivienda en el país.