En la tarde de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se vio envuelta en una conversación interna sobre una solicitud enviada por el Senado. La carta, que solicita información adicional sobre la permanencia de un funcionario en la Fiscalía General de la República (FGR), fue analizada de inmediato por el equipo jurídico del gobierno.
El funcionario en cuestión, Alejandro Gertz Manero, ocupa el cargo de titular de la FGR desde 2020 y ha sido figura central en la reforma de la fiscalía, la cual buscó fortalecer la independencia del organismo y aumentar la transparencia en la persecución de delitos. Desde su nombramiento, Gertz Manero ha enfrentado críticas y elogios, y su gestión ha sido objeto de escrutinio por parte de diversos actores políticos y sociales.
Según declaraciones de la presidenta, la carta llega en un momento en que se han difundido rumores sobre la posible salida de Gertz Manero. A la hora de la conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que no ha recibido ninguna comunicación directa del funcionario sobre su intención de renunciar.
“Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República, la estoy analizando con los abogados, Consejería Jurídica y mañana les informamos”, dijo en Palacio Nacional. La frase subraya el proceso de evaluación que sigue la administración, subrayando la necesidad de confirmar la veracidad de los rumores antes de tomar cualquier decisión oficial.
El Senado, que tiene la facultad de presentar solicitudes y cuestionamientos a cualquier autoridad federal, ha demostrado su interés en supervisar el desempeño de la FGR, especialmente tras la reciente ola de denuncias por irregularidades en la gestión de la Fiscalía. La carta enviada a Sheinbaum puede ser interpretada como un paso dentro de un protocolo de control institucional, donde la permanencia de un titular se revisa cuando surgen dudas sobre su continuidad.
Aun cuando la presidenta no ha confirmado la salida de Gertz Manero, la información transmitida por el Senado indica que el tema será evaluado con detenimiento. Se espera que, tras la revisión, el gobierno comunique oficialmente cualquier decisión al respecto, en línea con los procedimientos establecidos y la transparencia que se busca en la administración pública.