En medio de este escenario, Juan Manzo, hermano del difunto alcalde, se ha pronunciado en diversas plataformas digitales, denunciando la falta de avances concretos y la aparente interferencia política en la investigación.
El senador Gerardo Fernández Noroña ha hecho declaraciones que han provocado controversia, acusando a la presidenta municipal Grecia Quiroz de buscar una “carrera política” y de intentar usar la investigación como una herramienta de campaña. Noroña calificó los señalamientos de Quiroz como “irresponsables” y sugirió que la edil debería acudir a la Fiscalía si cuenta con pruebas sólidas.
Juan Manzo ha respondido señalando que las acusaciones del senador distraen de la prioridad principal: esclarecer el asesinato. Según él, el senador se está convirtiendo en una “tapadera” para los verdaderos responsables, y ha pedido que deje de lanzar ataques políticos y se concentre en la investigación.
A pesar de las críticas, Manzo reconoce avances importantes en la investigación. Los investigadores han logrado reconstruir parte de la planificación del homicidio a nivel operativo, pero subrayan la necesidad de profundizar en la relación entre la célula delictiva y la delincuencia organizada. La Fiscalía de Michoacán y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, siguen recibiendo el voto de confianza de las familias afectadas.
El caso ha revelado una compleja red vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con jóvenes reclutados, operadores logísticos y mandos con trayectoria criminal. Entre los implicados se identifican figuras como Víctor Manuel “N”, de 17 años, y Fernando Josué “N”, de 16 años, así como Ramiro “N” como coordinador operativo y Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, quien habría servido de enlace con la estructura del CJNG.
La investigación también apunta a la posible participación de informantes municipales y a la desaparición de un escolta clave, que se considera pieza fundamental para completar la reconstrucción de los hechos.
Al día de hoy, la investigación continúa en curso, con los organismos competentes buscando esclarecer los detalles del asesinato y determinar la magnitud de la participación de la organización criminal involucrada. La comunidad de Uruapan permanece vigilante, esperando que la justicia avance sin interferencias políticas.