Esta semana, la Cámara de Diputados se prepara para discutir y votar la nueva Ley de Aguas, un proyecto que incorpora más de cincuenta enmiendas diseñadas para responder a las demandas de los sectores rurales y a la crítica de la sociedad civil.
El presidente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, explicó en un vídeo difundido en redes que el paquete de reformas surge del diálogo entre el gobierno y diferentes actores del país. “Este proceso nos permitirá garantizar el derecho humano al agua y establecer un sistema de concesiones más ordenado y transparente, con plena certeza para todos los usuarios y cero tolerancia a la corrupción”, afirmó.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la preservación del derecho de los propietarios a vender o heredar sus tierras con el título de concesión de agua asociado. Además, se establece un procedimiento expedito, máximo de veinte días hábiles, para la reasignación de volúmenes en casos de transmisión de dominio, fusión o escisión de sociedades civiles, y derechos sucesorios.
El proyecto también revisa el capítulo de delitos hídricos, reduciendo las penas máximas de diez a cinco años de prisión, salvo en situaciones de uso personal doméstico o agropecuario familiar. La reforma pretende, según los defensores, acabar con el mercado negro del agua y evitar su venta en beneficio de particulares.
Mientras tanto, dirigentes agrarios como Eraclio Rodríguez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, han declarado que estarán “en alerta hasta el día que se vote la ley, listos para reactivar movilizaciones si se incumplen los acuerdos con Morena y PT”. La posibilidad de cerrar puentes y carreteras sigue como una herramienta de presión.
Los legisladores de la oposición, encabezados por Rubén Moreira del PRI, califican las enmiendas como insuficientes y han anunciado su voto en contra del dictamen. Más allá de la votación, proponen una convocatoria nacional para discutir el proyecto desde sus raíces, buscando una mayor participación ciudadana.
Con un dictamen de 537 páginas ya distribuido entre los diputados, la próxima sesión del pleno será clave para determinar si la nueva Ley de Aguas logrará equilibrar los intereses de los usuarios, la protección del recurso y la prevención de prácticas corruptas.
