El consejo convocado conoció los ajustes que resultan de la reducción de mil millones de pesos, avalada la semana pasada por la Cámara de Diputados. Según la información de las fuentes oficiales, las direcciones de Organización Electoral y de Capacitación Electoral son las que más se verán afectadas en términos de capacidad de acción.
Norma de la Cruz, presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto, explicó que el recorte carga un impacto del 86 % sobre la cartera institucional de proyectos y un 16 % sobre el presupuesto base. Así se pronostican reducciones de 293 millones de pesos en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 187 millones en el Registro Federal de Electores y 169 millones en la Organización Electoral.
En el informe de la Dania Ravel se advirtió que algunos proyectos clave quedarían sin apoyo financiero: el arrendamiento de plantas de energía de emergencia para elecciones locales, la atención de casos de hostigamiento y acoso laboral en las 32 juntas locales y el financiamiento de auxiliares jurídicos en las juntas distritales.
El escenario electoral de 2027 se presenta particularmente complejo. Aunque las elecciones federales se suspenden, el gobierno debe iniciar el proceso electoral federal 2026‑2027, que incluye la renovación completa de la Cámara de Diputados, la formación del Poder Judicial Federal y la preparación de elecciones locales en las 32 entidades federativas.
En torno a la Unidad de Transparencia, encabezada por José Arévalo Romo, la Rita Bell López pidió la revisión de una asignación destinada a la contratación de personal por 58 557 000 pesos, argumentando que no existía una justificación concisa para ese monto. A pesar del consenso en la mayoría de las consejerías, no se logró la mayoría necesaria para reasignar dichos recursos en otras áreas.
Las negociaciones han revelado deficiencias en los procesos de elaboración de los documentos, según comenta Arturo Castillo. “Documentos que podrían tardar días en completarse, a veces, requieren semanas o meses, y sin embargo, se terminan corriendo al momento en que llegan a la Comisión o al Consejo”, señaló.
El mismo Castillo subrayó que la democracia, y la calidad de los procesos electorales, están sufriendo un “descenso de prioridad” cuando se observa la tendencia de recortes presupuestarios.
Martín Faz destacó que la salida del personal se limita al honorario del primer semestre, mientras que en la segunda parte del año se contempla la utilización de “ahorros y economías”, un enfoque que plantea riesgos para quienes han trabajado en esa modalidad por más de 26 años.
Finalmente, Uuc‑kib Espadas expresó que tratar de que el Instituto abarque todas sus funciones con el mismo monto presupuestario es “una violación flagrante del principio de racionalidad” y que la premisa de “hacer más con menos” no puede ser la norma en el ejercicio presupuestario del sector público.