En ese contexto, la reforma propuesta a la Ley de Aguas Nacionales ha generado debate en la Cámara de Diputados. Los cambios, que buscan modernizar la regulación y reforzar el derecho humano al agua, han sido objeto de críticas por parte de algunos sectores agrícolas que temen pérdidas en sus concesiones.
Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha respaldado la reforma y ha señalado que el proyecto ya cuenta con la aprobación general de la mayoría de los diputados y que, según datos oficiales, más del 10 % de los concesionarios que operan en el país podrían verse afectados por las nuevas disposiciones.
Entre los puntos clave de la Ley General de Aguas destacan la obligación de considerar el agua como un derecho humano, la incorporación de criterios de sostenibilidad en la asignación de recursos y la creación de mecanismos de gobernanza que involucren a comunidades locales en la toma de decisiones.
El debate político sobre la reforma continúa a medida que se acerca la votación final en la Cámara, con implicaciones que podrían redefinir la forma en que el país gestiona uno de sus recursos más críticos.