El jueves 4 de diciembre, el almirante Frank Bradley asistió a una sesión confidencial del comité de fuerzas armadas del Senado para discutir la legalidad de la campaña antinarcóticos de la administración de Donald Trump. La misma reunión coincidió con la publicación de una nueva acción de la Fuerza Conjunta del Sur, que, según la cuenta oficial de X del Comando Sur, culminó con un derribo en aguas internacionales.
El objetivo, descrito como una "embarcación operada por una organización designada terrorista", se encontraba bajo la ruta habitual de tráfico de drogas en el Pacífico oriental. La inteligencia confirmó que la lancha transportaba narcóticos ilícitos, aunque los detalles sobre la organización criminal no han sido revelados por las fuerzas armadas.
La orden del ataque fue atribuida al secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien ha estado bajo creciente escrutinio tras la revelación de que, en septiembre, se ordenó un segundo ataque en el Caribe para eliminar a los supervivientes de un disparo previo. Esta decisión se produjo en medio de críticas sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
Se confirma que cuatro hombres, identificados como narcoterroristas, perdieron la vida en el incidente. Con este suceso, el número total de muertos en operaciones de este tipo en el Pacífico y el Caribe asciende a 85, según los informes oficiales.
El presidente de los Estados Unidos aseguró recientemente que se están preparando para iniciar operaciones en territorio venezolano con el objetivo de eliminar a figuras vinculadas al narcotráfico. Mientras tanto, el abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha presentado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando una posible ejecución extrajudicial de un pescador durante una operación estadunidense en el Pacífico.