Ese día, la sala del Senado de la República se llenó de la típica mezcla de acaloradas discusiones y maniobras diplomáticas que caracterizan a los debates legislativos. Los senadores, divididos en sus bloques, se encontraron frente a la propuesta que, según la mayoría oficialista, pretende redefinir la manera en que el Estado y los particulares interactúan con el agua.
Con un total de 121 escaños, la propuesta se presentó en un formato de “fast track”, lo que permitió que se omitieran ciertos trámites habituales. La votación, que se realizó en un lapso de poco más de una hora, concluyó con 85 votos a favor y 36 en contra, consolidando la aprobación de la nueva Ley General de Aguas. Esta reforma, según sus defensores, busca restablecer la rectoría estatal sobre el dominio y la administración de las aguas nacionales, así como reconocer el derecho humano al líquido como un elemento esencial para la vida y el desarrollo.
La polémica surgió cuando los coordinadores de los principales partidos —Ricardo Anaya para el PAN y Adán Augusto López para Morena— se enfrentaron en un intercambio verbal que rápidamente se transformó en una especie de “guerra de carteles”. En los escaños, los letreros de los priistas mostraban frases que criticaban la postura de Morena, mientras que los de la bancada oficialista exhibían cartulinas que enfatizaban el agua como un derecho, no un negocio.
Entre las acusaciones más fuertes, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, apuntó al ex presidente Vicente Fox, señalando que este tendría diez concesiones de agua, lo que según él, constituiría un acaparamiento. Por su parte, el senador del PAN, Francisco Ramírez Acuña, refutó las críticas argumentando que sus propias concesiones se encuentran al día y en regla.
El debate también incluyó propuestas concretas sobre la creación de un Instituto Regulador y la transformación de la Comisión Federal del Agua en una Secretaría del Agua, con el fin de otorgar mayores atribuciones y una supervisión más efectiva. Asimismo, se discutió la inclusión de penalizaciones más severas por el traslado ilegal de agua, con penas que oscilarían entre tres y ocho años de prisión según el volumen transbordado.
Con el cierre de la sesión, los senadores concluyeron que la reforma, aunque no perfecta, representa un paso hacia la consolidación de un marco normativo que busca equilibrar los intereses de los usuarios, la protección del medio ambiente y la garantía de acceso al agua para todos los mexicanos. La nueva ley, aunque generó controversia, ha sido aprobada y ahora entrará en proceso de implementación.