Un detalle que, aunque puede parecer menor a primera vista, resonó fuertemente en la comunidad y generó una reacción inmediata.
El 5 de noviembre, la regidora María del Carmen Díaz Barrios, miembro del PAN, citó literalmente el pasaje que identificaba a su compañera con un género incongruente al pronombre oficial. La palabra “regidor” se convirtió en el centro de un debate que trascendió el salón de sesiones y tocó la sensibilidad de quienes luchan por el reconocimiento y la igualdad de derechos.
Al día siguiente, la regidora morenista Lorena Ortiz Ramírez, quien ostenta el honor de ser la primera edil trans de la entidad, decidió tomar acción. Con la firme convicción de que su identidad y su rol en el gobierno habían sido atacados de manera sistemática, Ortiz Ramírez presentó una serie de denuncias formales. Inicialmente, se dirigió a las dependencias de la Contraloría y al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (IETAM), donde ya había depositado su queja y planea subir copias de la documentación enviada para que el órgano de control estatal la revise.
Sin embargo, la gravedad de los hechos la llevó a expandir su búsqueda de justicia. La regidora recurre a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), a la Federación Estatal de Municipalidades (Fenamm) y a la Comisión de Derechos Humanos para que la violencia política de género sea tratada con la seriedad que exige la ley. Además, ha interpuesto una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con la esperanza de que las instancias federales intervengan y protejan su integridad como pública.
En declaraciones recogidas por medios locales, Ortiz Ramírez enfatizó que el uso de un término incorrecto no fue un simple error lingüístico, sino una forma de violencia simbólica que, según ella, “me estaba violentando por ser regidora y por mi identidad de género”. Afirmó que la medida tomada es necesaria para preservar el respeto y la dignidad de todas las personas que sirven en cargos públicos, particularmente aquellas que han roto barreras históricas.
El caso ha despertado un debate más amplio sobre la normativa de género en los espacios políticos de México. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de una normativa clara que garantice la correcta identificación de los servidores públicos, otros argumentan que la inclusión y el respeto deben ser la base de cualquier administración moderna.
Con los procedimientos en marcha y las copias de la documentación ya disponibles en los registros del IETAM, la comunidad espera observar cómo se desarrollará el proceso legal y qué precedentes podrían establecerse en el terreno de la equidad de género en la política estatal. Mientras tanto, la regidora Lorena Ortiz Ramírez permanece firme en su compromiso de hacer valer sus derechos y los de sus colegas trans en el ámbito público.