El acusado, César Duarte, quien dirigió la entidad entre 2010 y 2016, enfrenta ahora la posibilidad de ser vinculado a un proceso que puede culminar en una condena de prisión. La Fiscalía General de la República presentó alrededor de 120 piezas de evidencia, entre análisis financieros, entrevistas y documentos internos, que apuntan a una supuesta desviación de fondos provenientes de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.
La Fiscalía sostiene que Duarte habría canalizado esos recursos a través de dos empresas agrícolas, generando una brecha contable de más de 73 millones de pesos. La investigación federal también se vincula a una acusación de peculado que ya se había iniciado en el propio estado, lo que sugiere una red de corrupción de larga data.
Tras la audiencia, la jueza federal decretó prisión preventiva justificada, una medida que, según las autoridades, busca evitar que el ex mandatario obstaculice las investigaciones debido a su influencia y contactos. Se espera que Duarte permanezca en un penal de máxima seguridad hasta que los tribunales decidan si procede o no su vinculación al proceso.
El historial de Duarte en el ámbito penal no es nuevo. En julio de 2020 fue detenido en Miami, Florida, y pasó dos años en custodia antes de ser extraditado a México el 2 de junio de 2022. Su captura se realizó bajo una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se le había acusado de malversación de fondos públicos por más de 6.5 millones de pesos.
Este caso, que ha sido objeto de cobertura constante en medios nacionales, se encuentra en una fase crítica. Se prevé que la corte resuelva la situación jurídica de Duarte a finales de la semana, lo que determinará si se le vincula a un proceso penal o si se le libera bajo ciertas condiciones.