La mayoría de los legisladores de Morena, el PVEM y el PT respaldaron la medida, mientras que los partidos de la oposición—PAN, PRI y MC—se encontraban en la fila de los detractores.
El núcleo de la propuesta, el artículo 282 quáter, establece que se prohíbe en todo el territorio nacional la adquisición, fabricación, importación, distribución y venta de vapeadores. Sin embargo, la modificación impulsada por la reserva de última hora—presentada por Morena y el PT a través de Ricardo Monreal—añade una cláusula crucial: el consumo y la posesión de dichos dispositivos quedan exentos de sanción. “No se criminaliza la posesión. Si alguien lleva uno o dos cigarrillos electrónicos, no va a ser castigado”, explicó Monreal en el recinto.
Esta excepción no se limita a los dispositivos tradicionales; se extendió también a los vapeadores desechables de un solo uso, tras la petición de especialistas en salud y familias preocupadas por la proliferación de estos productos.
El artículo 456 bis, por su parte, permanece intacto. Según la redacción, quien realice cualquier conducta contemplada en el 282 quáter—excepto la posesión—podrá enfrentarse a una pena de uno a ocho años de prisión y una multa que oscila entre 100 y 2,000 veces la UMA (226,280 pesos). El objetivo, según los defensores de la ley, es desarticular el mercado negro que mueve alrededor de 26 mil millones de pesos al año.
El PAN, pese a votar a favor de la reserva, aclaró que no respaldaba la totalidad del dictamen y que la medida no resolvería el problema de la economía sumergida. Federico Döring, presidente del bloque PAN, admitió que la propuesta “no resuelve el problema, solo evita que alguien sea encarcelado por portar libremente un vape”. La crítica se intensificó cuando Irais Reyes, del MC, sostuvo que la reserva favorece al mercado negro al ampliar el catálogo de sustancias prohibidas, “casi como si el narcotráfico tuviera un nuevo producto para comercializar”.
Por otro lado, Alejandro Domínguez, del PRI, calificó la modificación como insuficiente y se unió a la oposición con su voto en contra. La diputada Margarita García, del PT, denunció que la medida “solo aplica la antidoping a todos y a todos” y que los legisladores que consintieron a la reforma están “sufriendo daño cerebral”, insinuando que el vapeador ya podría contener marihuana.
Para Monreal, la resistencia de la oposición es simplemente una estrategia de reposicionamiento político. “Los cabilderos no lograron convencerme, ni sus argumentos ni sus ofertas”, concluyó. Con el dictamen ya enviado al Senado, la discusión continúa en un terreno donde la salud pública, la economía y la política se entrelazan de manera cada vez más compleja.