63 millones de estudiantes acudieron a las instituciones educativas en 2024 con la intención de consumir productos de nicotina a través de aerosoles, lo que sugiere un brote masivo de este consumo.
En respuesta a esta tendencia, el pleno del Senado se reunió en una sesión de dos horas y cuarenta minutos para debatir una propuesta que revisa la Ley General de Salud. El dictamen, que se encuentra en manos de la titular del Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, contempla la prohibición de la adquisición, producción, importación, exportación, venta y suministro de cigarrillos electrónicos y vapeadores.
El resultado fue decisivo: 76 senadores votaron a favor, 36 se opusieron y una sola abstención. Cuatro legisladores de la mayoría presentaron reservas, las cuales fueron rechazadas por la mayoría del cuerpo legislativo. En el texto, se establece que el consumo y la posesión de estos dispositivos para uso personal no constituirán infracción, mientras que las sanciones aplicarán únicamente a quienes busquen adquirir, distribuir, transportar o almacenar vapeadores con fines comerciales.
El presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, explicó que la normativa contempla penas de prisión de uno a ocho años y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, equivalente a aproximadamente 226 mil 280 pesos. “El objetivo es frenar la venta y distribución de estos productos, reforzar la fiscalización contra el comercio ilícito, impulsar campañas de prevención dirigidas a jóvenes y ofrecer programas de cesación basados en la evidencia para adultos fumadores”, afirmó.
La posición de la bancada de Morena fue clara. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, destacó que la evidencia muestra un aumento acelerado del consumo de vapeadores entre adolescentes, a pesar de que contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que afectan el sistema pulmonar y cardiovascular.
En contraste, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, criticó la iniciativa como “confusa” y sin evidencia técnica ni análisis de impacto regulatorio, describiéndola como una “caja negra”. Señaló que la prohibición no ha impedido la venta de cigarrillos a menores y que la reforma incentiva el mercado ilegal.
La senadora del PAN, Gina Campuzano, calificó la propuesta como “el acto de magia más cínico” y argumentó que, mientras la mayoría oficialista presume una “cruzada histórica por la salud”, en realidad impulsa una “cortina de humo legislativa” para ocultar la crisis sanitaria. Campuzano afirmó que la prohibición de vapeadores favorecerá al crimen organizado al empujar estos productos a un mercado negro sin control sanitario.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, manifestó que su bancada no acompañaría el dictamen, pues considera que contiene un elemento “central e irreparable”: la prohibición absoluta en materia de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Criticó al gobierno federal por optar por la “salida fácil” de la prohibición, sin regular ni vigilar adecuadamente el mercado.
Entre las modificaciones propuestas, se incluye la creación de un capítulo que define los cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos análogos como cualquier aparato mecánico o electrónico que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas líquidas, geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otras formulaciones sintéticas, con o sin nicotina, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora.