Durante la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enfatizó la urgencia de reforzar las herramientas que disponen las autoridades para frenar estos crímenes. “El aumento que se está viendo no puede permanecer sin respuesta”, afirmó con firmeza, al compartir datos sobre más de 600 detenidos vinculados a extorsión en 22 estados.
Lo que se presentó hoy como la piedra angular del combate contra la extorsión es un conjunto de medidas que cuentan con el aval de los 32 gobernadores de la federación. Entre los pilares del acuerdo se incluyen la armonización legislativa entre estados, la creación de unidades especializadas dentro de las fiscalías y la redacción de un manual nacional que sirva de guía para la recepción de denuncias, investigación e incidencia penal. También se refuerza la operación del 089 y se propone otorgar a las víctimas mayor certidumbre al contar con procesos estandarizados y recursos equitativos en cada entidad.
El Secretario recordó que desde la implementación de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión el 6 de julio, se han recibido más de 102 800 llamadas en el 089 y se han realizado arrestos en casi todos los estados. “Con estos números vemos que la respuesta del Estado está dando resultado”, añadió, señalando la necesidad de continuar con la expansión de las acciones coordinadas.
Otra pieza clave del paquete es la incorporación de la Base Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas al Sistema Nacional de Información. García Harfuch aclaró que esta integración “no es solo una mejora técnica; es un compromiso con las familias que buscan respuestas”, subrayando la importancia de contar con datos unificados y verificables para dar un seguimiento más ágil y humano a las investigaciones.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aprovechó el momento para proponer una reforma al artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su objetivo es mantener el anonimato de las víctimas hasta que la evidencia haya sido debidamente analizada, “para garantizar que la justicia sea efectiva y que el pueblo mexicano se acerque a cero impunidad”.
Con esta fase de implementación, las autoridades aspiran a que cada acción y cada dato estén respaldados por una infraestructura robusta, capaz de ofrecer no solo respuestas rápidas sino también un apoyo tangible a quienes han sufrido las consecuencias de la extorsión y la desaparición de seres queridos.