Es en este escenario de incertidumbre que el presidente de México anunció, en medio de la presión directa de la administración estadounidense, que está dispuesto a liberar grandes volúmenes de agua de la cuenca del Río Bravo. La cifra, establecida en más de 249 mil millones de metros cúbicos, se implementará a partir de la semana del 15 de diciembre.
El Tratado de Aguas Internacionales, que regula estos flujos, establece que México suministra aproximadamente 2,160 millones de metros cúbicos cada quincena a Estados Unidos, mientras retiene el 90% restante. La distribución implica que México controla casi el 67 % de los afluentes de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y del Arroyo de las Vacas, mientras que Estados Unidos obtiene la tercera parte de esos caudales en la cuenca del Bravo y del Grande.
Durante la última semana, se reforzó la imagen de una alianza que avanza hacia un plan de trabajo formal, con la finalidad de consolidar los compromisos en enero de 2026. A pesar de las reticencias iniciales y las promesas de sanciones como un impuesto del cinco por ciento, los ministros de Estado y las autoridades de agua de ambos países se han comprometido a seguir negociando dentro de los parámetros del tratado y la cooperación binacional.