Con este objetivo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció que a partir del 9 de enero de 2026 cada número móvil deberá estar vinculado a una identidad verificable: ya sea una persona física o una entidad moral. La decisión, que sigue a la aprobación de los lineamientos en el pasado 8 de diciembre, busca nivelar la protección de los usuarios con herramientas de prevención al nivel de las mejores prácticas internacionales.
La normativa ha sido diseñada para que los operadores ya no quedaran a la merced de la discreción del cliente, pues la información será manejada bajo los estándares de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Aún así, los proveedores de servicio conservarán la reserva de los datos y la confidencialidad, asegurando que se cumplan los protocolos establecidos.
El detalle más técnico de los requisitos para las personas físicas exige presentarse con credencial de elector, pasaporte o CURP. Para las personas morales, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) será la pieza clave, y los proveedores confirmaré el dato mediante consulta al Servicio de Administración Tributaria. Si la persona jurídica cuenta con representada legal, el documento deberá reflejar la razón social, el RFC, y la identificación oficial vigente del mandatario.
Los lineamientos fueron publicados hoy en el Diario Oficial de la Federación, con la misma vigencia que su publicación. Los proveedores registrarán en su base de datos los nombres, los CURP, los números telefónicos y el resultado de la validación de identidad, sin exceder a lo estrictamente necesario. La normativa también contempla específicamente la cobertura de personas morales con entes públicos y extranjeros, definiendo los documentos requeridos y los mecanismos de verificación independientes de las autoridades competentes.
Tras esta medida, la CRT declara haber cumplido con su propuesta regulatoria de centrarse en proteger al usuario, respaldada por una consulta pública de la industria y por la participación activa de distintas partes interesadas. El enfoque mostra un giro decisivo en la política de telecomunicaciones, con la expectativa de que la trazabilidad de cada línea reducirá los antecedentes de abuso y fortalecerá la confianza en los servicios móviles.