Los detalles concretos surgieron a través de la conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por el titular Omar García Harfuch. La figura protagónica del día se centró en la explicación de la medida que trasladó a 25 reos desde Cerezos en Michoacán a distintos penales federales. Según el funcionario, se tomaron medidas en función de los comportamientos de liderazgo negativo, la incitación a disturbios, vínculos con grupos delictivos activos y la capacidad económica para corromper al personal penitenciario.
El traslado se efectuó con la coordinación de la Secretaría del Sistema Penitenciario y la Guardia Nacional, contando con la participación de 50 integrantes de la Unidad de Reacción Penitenciaria, 105 de la Guardia Nacional y 70 del Servicio de Protección Federal. En la operación, los responsables subrayaron que la ausencia de órdenes de extradición por parte de Estados Unidos elimina la dimensión internacional de la cuestión. “Estos reclusos no están buscados por el vecino norte”, explicó García Harfuch, enfatizando que la prioridad era prevenir riesgos de reagrupamiento, tensionar la convivencia interna y evitar motines.
El nombre de cada condenado se divulgó oficialmente, acompañado de una breve descripción de sus cargos y de la justificación de su traslado. Entre los 25 se encontraban varias figuras destacadas de grupos que, según la Fiscalía General de la República (FGR), se clasificaron inicialmente como “terroristas” tras el incidente del 6 de diciembre en las inmediaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayaná. La explosión, que dejó seis víctimas mortales y daños materiales significativos, fue reinterpretada por las autoridades como un caso de delincuencia organizada, tras la investigación de la FGR.
El trasiego fue impulsado también por la intención de evitar la generación de climas de tensión y conflictos internos que pudieran culminar en violencia coordinada. En palabras de las autoridades, la integración de estos reclusos en centros federales busca “mantener la estabilidad y garantizar el orden dentro de los centros penitenciarios locales”. El hecho se vio respaldado por informes internos que señalaban la “capacidad de los reos para organizar y motivar otras unidades”, algo que las autoridades consideraban incompatible con el ambiente de cada penal estatal.
La intervención de este grupo de 25 reclusos se produjo en un momento en que la administración de Alfredo Ramírez Bedolla enfrentaba tanto la responsabilidad de proteger los derechos a la seguridad pública como la necesidad de actualizar los protocolos de manejo de riesgos dentro del sistema penitenciario del estado. Este evento también se puso en el radar de los medios locales que siguen de cerca las acciones del gobierno federal en el contexto de la lucha contra la violencia interna.
En cuanto a la dinámica de las operaciones, la coordinación entre la SSPC y la Unidad de Acción Penitenciaria permitió una movilización sin fricciones, lo que, según los responsables, redujo al mínimo las oportunidades de cualquier intento de sabotaje o fuga. La estructura de mando y la supervisión constante durante la operación fueron señaladas como claves para el éxito de la misma.
En medio de estos acontecimientos, las autoridades mantienen un compromiso continuado de monitorear la situación dentro de los penales estatales y federales, con el objetivo de prevenir incidentes que pudieran afectar la seguridad ciudadana. El enfoque, según varios funcionarios, se basa en la prevención proactiva y la aplicación rigurosa de los protocolos de seguridad, de forma que la estabilidad en los centros penitenciarios persista a lo largo del periodo de transacción de los reclusos.