Bajo el argumento de frenar delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro, el Gobierno Federal ha puesto en marcha el registro obligatorio de líneas telefónicas en México. La medida, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, exige que cada número móvil esté asociado directamente a una persona física o moral, utilizando documentos oficiales y datos biométricos.Plazos y requisitos para los usuarios
Los clientes de compañías como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán tienen como fecha límite el 30 de junio de 2026 para cumplir con el trámite. De no hacerlo, las operadoras procederán a la suspensión temporal del servicio. Los requisitos son:
A pesar de la narrativa oficial, organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han encendido las alarmas. Pepe Flores, director interino de la organización, advierte que este sistema crea una vigilancia desproporcionada. Según R3D, la entrega de datos biométricos y de la CURP representa un "consentimiento forzado", pues la única alternativa para el ciudadano es la exclusión digital.
Entre los riesgos señalados destacan:
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) asegura que los datos permanecerán en manos de las compañías telefónicas y no del Gobierno, bajo la Ley General de Protección de Datos Personales. Sin embargo, los críticos recuerdan que las empresas están obligadas por ley a entregar dicha información si las autoridades lo solicitan bajo el pretexto de una investigación criminal.Un precedente de fracaso
El debate no es nuevo. La R3D recordó el fracaso del RENAUT en 2009 y la invalidez del PANAUT dictada por la Suprema Corte en 2022, al considerarse violatorio de los derechos humanos. Por ello, el llamado actual es hacia el Poder Judicial, para que actúe como contrapeso y proteja la privacidad de los usuarios ante lo que consideran un sistema de control incompatible con una sociedad democrática.