Lo que parecía un frente unido en Campeche ha dado paso a un insólito escenario de "fuego amigo". La relación entre la gobernadora Layda Sansores y la bancada mayoritaria de Morena en el Congreso local atraviesa un punto de ruptura, marcado por el miedo a la persecución política y el uso de la Fiscalía estatal como herramienta de presión.
La tensión alcanzó su punto máximo el pasado 1 de febrero, cuando agentes ministeriales rodearon el recinto legislativo. Aunque la Fiscalía intentó calificar el hecho como un simple "recorrido de vigilancia", los diputados lo interpretaron como un intento de detención contra su coordinador, José Antonio Jiménez Gutiérrez. La respuesta legislativa fue inmediata y contundente: en una sesión privada y bajo absoluto hermetismo, los diputados votaron para restablecer el fuero, una protección que ellos mismos habían eliminado en 2016, pero que ahora consideran vital para evitar terminar en prisión.
El origen de este divorcio político se remonta a diciembre de 2025. En aquel momento, diez legisladores morenistas desafiaron la voluntad de Sansores al rechazar la contratación de una deuda por mil millones de pesos propuesta en la Ley de Ingresos 2026. Desde entonces, el ambiente se ha enrarecido, alimentado por casos recientes como la controvertida detención y destitución del exrector de la UACAM, José Alberto Abud, y los constantes señalamientos de la gobernadora contra periodistas y opositores.
Hoy, el silencio impera en el Palacio de Gobierno, pero en el Congreso el mensaje es claro: los legisladores prefieren blindarse antes que ceder a las exigencias presupuestales de la mandataria. Este rompimiento no solo debilita la gobernabilidad en el estado, sino que pone en evidencia que, incluso dentro del mismo partido, la confianza se ha quebrado ante el temor de represalias judiciales.