El debate sobre la austeridad republicana ha llegado hasta la silla del peluquero. Mientras el Senado de la República acaparaba titulares este 4 de febrero por la clausura de un salón de belleza tras ser sorprendida la senadora Juanita Guerra en pleno tratamiento capilar, la atención se giró rápidamente hacia la Cámara de Diputados. Sin embargo, en San Lázaro la historia es distinta: ahí, las tijeras no se detienen porque el modelo de negocio no depende del presupuesto público.
Ubicada en el basamento del edificio E y la planta baja del F, la peluquería de San Lázaro ha sido parte del paisaje legislativo por más de 30 años. Aquí no hay distinciones de rango; en sus espejos se reflejan desde legisladores como Ricardo Monreal —quien recientemente compartió un video de su visita— hasta periodistas, empleados administrativos y visitantes externos. La clave de su permanencia radica en su estructura financiera: la Cámara solo presta el espacio, mientras que los estilistas operan por cuenta propia, cobrando tarifas que van desde los 130 hasta los 250 pesos, ingresos que van directo a su bolsillo sin pasar por la tesorería del Congreso.
La senadora Amalia García ha salido en defensa de este modelo, destacando que en un recinto que recibe a más de cinco mil personas diariamente, contar con servicios básicos es una cuestión de logística y dignidad laboral para quienes pasan jornadas extenuantes en el Palacio Legislativo. Mientras en el Senado el servicio fue tildado de "superfluo" y "opaco", provocando su cierre inmediato bajo los sellos de seguridad, en Diputados el esquema de "paga quien usa" ha permitido que el servicio sobreviva a las críticas por el uso de instalaciones oficiales.
Al final, la polémica ha servido para trazar una línea clara entre el privilegio y la practicidad. Para los defensores de la estética en San Lázaro, se trata de un servicio honesto que no le quita un solo peso al contribuyente; para sus detractores, cualquier uso de inmuebles federales para fines privados sigue siendo una zona gris en los tiempos de la "pobreza franciscana". Por ahora, en la Cámara de Diputados, el servicio continúa abierto, demostrando que incluso en la política, verse bien es un asunto de trato directo y pago en efectivo.