El panorama legal para el alcalde de Tequila, Jalisco, se ha tornado crítico tras su comparecencia ante un juez federal en el Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez. Diego Rivera Navarro, emanado de las filas de Morena, recibió la medida de prisión preventiva oficiosa y fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano. La Fiscalía General de la República lo señala como el autor intelectual del secuestro y tortura de Guillermo Cordero García y su suplente, quienes en marzo de 2021 aspiraban a la misma candidatura municipal que el ahora detenido.
Según la acusación formal, Rivera Navarro habría ordenado el "levantón" de sus compañeros de partido con el objetivo de obligarlos a renunciar a sus pretensiones políticas mediante actos de violencia física y psicológica. Las investigaciones federales no solo apuntan al edil, sino que sugieren una colusión estructural con el crimen organizado. Por ello, también fueron recluidos el director de Seguridad Pública municipal, Juan Manuel Pérez Sosa, y el director de Catastro, Juan Gabriel Toribio, todos bajo la sospecha de mantener vínculos operativos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La situación jurídica definitiva del alcalde y sus colaboradores se resolverá el próximo martes, luego de que su defensa solicitara la duplicidad del plazo constitucional para presentar pruebas de descargo. Mientras tanto, el caso ha sacudido la política estatal, al evidenciar métodos presuntamente delictivos para el control de candidaturas. La permanencia de los funcionarios en un centro de reclusión de alta seguridad subraya la gravedad de los cargos y el riesgo que las autoridades perciben en torno a la red de poder que operaba desde el ayuntamiento tequilense.