La opacidad se ha instalado sobre las investigaciones del trágico descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca. Bajo el argumento de proteger la infraestructura estratégica contra posibles sabotajes o robos de piezas, el Comité de Transparencia de la empresa ferroviaria determinó que la información técnica de los convoyes de la Línea Z permanecerá bajo llave hasta el año 2031. Esta reserva incluye no solo los manuales y especificaciones de las unidades, sino también todas las comunicaciones grabadas con el centro de mando durante y después de la tragedia que cobró la vida de 14 personas y dejó un centenar de heridos.
La decisión de ocultar estos registros ocurre en un contexto de serios cuestionamientos sobre la seguridad de la obra. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) señala un presunto exceso de velocidad y la falta de licencias vigentes en los operadores, peritajes externos han sugerido que la locomotora FIT-3027 no cumplía con los estándares de seguridad industrial exigidos por el reglamento ferroviario. No obstante, las autoridades insisten en que difundir las líneas de investigación o los audios operativos podría vulnerar el debido proceso y comprometer la eficiencia de las acciones ministeriales que aún se encuentran en curso.
Para justificar el bloqueo informativo, la entidad se amparó en el decreto que declara al Tren Interoceánico como un activo de seguridad nacional. Según la resolución, aunque admiten que existe un interés legítimo de la ciudadanía por conocer las causas del siniestro, consideran que el riesgo de "daño a la continuidad operativa" supera el beneficio de la rendición de cuentas. Con esta medida, los detalles precisos sobre qué falló técnicamente aquella noche en el Istmo de Tehuantepec permanecerán inaccesibles para las víctimas y el público en general durante la próxima media década.