El gabinete de seguridad nacional ha intensificado la búsqueda de los responsables del secuestro de diez trabajadores mineros en Sinaloa, un caso que ha conmocionado al sector industrial y a la opinión pública. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que las investigaciones apuntan a una célula delictiva vinculada a "Los Chapitos" que opera en la región de Concordia. Mientras el despliegue federal intenta localizar a los líderes del grupo criminal, el panorama se ha tornado trágico tras la confirmación del hallazgo de los restos de al menos tres de las víctimas, quienes habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 23 de enero.
Entre las víctimas identificadas se encuentran tres hombres originarios de Zacatecas, cuyas muertes han sido confirmadas por diversas instituciones y colectivos. Se trata de José Ángel Hernández Vélez, José Manuel Castañeda Hernández e Ignacio Aurelio Salazar Flores; este último se desempeñaba como ingeniero y era egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, institución que lamentó públicamente su fallecimiento. A pesar de los reportes y las esquelas publicadas por familiares y gremios mineros, los colectivos de búsqueda locales han denunciado un vacío informativo por parte de las autoridades estatales, acusando que la falta de datos oficiales sobre los hallazgos representa una forma de tortura para las familias que aún esperan noticias.
La empresa canadiense Vizsla Silver, para la cual laboraban los trabajadores, fue la primera en dar la voz de alarma sobre la privación de la libertad del grupo hace más de dos semanas. Actualmente, la Fiscalía General de la República mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar el paradero del resto de los empleados no localizados. En tanto, organizaciones como Sabuesos Guerreras han lanzado un llamado enérgico para que se publiquen los perfiles genéticos y señas particulares de los cuerpos recuperados, buscando dar certeza a una militancia que exige justicia en una de las zonas con mayor presencia del crimen organizado en el país.