El avance de la inteligencia artificial y su capacidad para clonar voces sin consentimiento ha encendido las alarmas en el sector creativo mexicano. Como respuesta, el Ejecutivo anunció una reforma integral a las leyes del Trabajo y del Derecho de Autor que define la voz humana como una herramienta artística única y protegida. Bajo este nuevo marco jurídico, cualquier uso de registros vocales mediante tecnologías digitales requerirá una autorización expresa, informada y, fundamentalmente, una retribución económica justa para el intérprete. Esta medida busca sacar de la vulnerabilidad a miles de artistas del doblaje y locutores que carecen de contratos formales, estableciendo sanciones severas para quienes utilicen su identidad sonora de forma indebida.
A la par de este blindaje tecnológico, se presentó la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, la cual sustituye a la normativa vigente desde 1992 para dejar atrás una visión meramente comercial y centrarse en los derechos culturales. El nuevo ordenamiento garantiza que el cine nacional ocupe al menos el 10% de las pantallas en las salas comerciales y duplica el tiempo mínimo de permanencia de las producciones mexicanas en cartelera, pasando de una a dos semanas. Además, la legislación obliga a las plataformas digitales a integrar secciones exclusivas para la promoción del contenido local, asegurando que las historias producidas en México tengan visibilidad en el ecosistema del streaming.
La transición de los antiguos fideicomisos al programa Fomento al Cine Mexicano (Focine) quedó formalizada en esta ley, con la promesa de un presupuesto progresivo que garantice la producción cinematográfica bajo un esquema de mayor transparencia. Las autoridades destacaron que este cambio elimina la opacidad de los recursos públicos y descentraliza los apoyos mediante 14 convocatorias distintas que abarcan desde la escritura de guion hasta la preservación del acervo en la Cineteca Nacional. Con esta actualización, México busca posicionarse a la vanguardia internacional en la protección de los trabajadores creativos, adaptando sus leyes a los desafíos de la era digital y al derecho de las audiencias a acceder a su propia cultura.