Una movilización de seguridad durante la madrugada de este jueves en la planta de la Cooperativa Cruz Azul, en Hidalgo, culminó con la captura de 33 personas tras registrarse detonaciones de arma de fuego. La diligencia, encabezada por la Fiscalía del Estado de México, buscaba devolver las instalaciones al grupo directivo liderado por Víctor Manuel Velázquez, quienes mantienen un prolongado conflicto legal y administrativo con una facción disidente que se encontraba atrincherada en el inmueble. De los detenidos, la mayoría enfrenta cargos por desobediencia y resistencia, mientras que dos sujetos fueron puestos a disposición por la portación de pistolas calibre 38.
Pese a la tensión y el uso de armas, las autoridades locales confirmaron que no hubo víctimas mortales ni personas desaparecidas tras el despliegue. La policía estatal, que acudió sin armamento para evitar una tragedia mayor, subrayó que su presencia fue preventiva ante los antecedentes de violencia extrema que han marcado esta planta, como el enfrentamiento de septiembre de 2024 que dejó un saldo de 80 arrestados. Por su parte, el grupo autodenominado "La Nueva Cruz Azul" calificó la intervención como una detención ilegal de sus compañeros, alegando una vulneración a sus derechos mientras resguardaban el sitio.
Esta pugna por la cementera de Tula se remonta a 2020 y ha estado plagada de desvíos de recursos, asambleas desconocidas y choques físicos que incluso han cobrado vidas en el pasado. Aunque la justicia ha ratificado en diversas instancias la gestión de Velázquez, el grupo opositor —cuyo anterior líder fue capturado en 2025— se ha negado a entregar las instalaciones, convirtiendo este conflicto empresarial en uno de los más violentos y complejos de la industria mexicana. La intervención de este jueves representa un nuevo intento del Estado por normalizar la operación de la cooperativa bajo el amparo de una orden de control judicial.