Durante su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró los alcances de la próxima reforma constitucional orientada a terminar con las jubilaciones desproporcionadas en la administración pública. La titular del Ejecutivo enfatizó que las Fuerzas Armadas quedarán fuera de esta modificación legal, la cual será presentada formalmente ante el Congreso el lunes entrante. Esta precisión busca despejar dudas sobre el impacto de la medida en las instituciones de seguridad, asegurando que el enfoque se centra exclusivamente en la estructura civil del gobierno.
El objetivo central de la propuesta es corregir lo que la administración considera abusos históricos en las pensiones de funcionarios de confianza. Sheinbaum señaló que muchos de estos beneficios económicos no tienen una justificación sólida, especialmente en casos donde los servidores públicos ocuparon sus cargos por periodos muy breves y, aun así, perciben sumas millonarias tras su salida. Con este movimiento, el Gobierno Federal intenta alinear el sistema de retiro con una política de austeridad que prioriza la equidad frente a los privilegios acumulados en sexenios anteriores.
La narrativa oficial insiste en que no se trata de una afectación generalizada a la burocracia, sino de un ajuste quirúrgico hacia los mandos superiores que han gozado de condiciones excepcionales. Al separar al Ejército y la Marina de esta iniciativa, la presidenta reafirma el estatus especial que guardan los cuerpos militares dentro de su proyecto de nación, mientras mantiene la presión política sobre los organismos y cargos donde el gasto en pensiones se considera injustificado.