Luego de una extenuante sesión de más de doce horas, el pleno de la Cámara de Diputados marcó un hito legislativo al aprobar, de manera unánime en lo general, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Esta modificación constitucional pone fin a un esquema laboral que permaneció intacto durante 109 años en la legislación mexicana. Pese al consenso inicial, la votación en lo particular evidenció fracturas políticas con 411 votos a favor y 58 en contra, estos últimos provenientes de legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano, quienes denunciaron que la reforma no garantiza explícitamente los dos días de descanso obligatorio por cada cinco laborados, calificando la propuesta de "engaño" a la clase trabajadora.
La implementación de este cambio no será inmediata, sino que seguirá una ruta de gradualidad que iniciará el 1 de enero de 2027 y culminará en 2030, con una reducción progresiva de dos horas por año. Durante el debate, la oposición criticó duramente que el dictamen final mantenga el derecho a solo un día de descanso por cada seis de trabajo, argumentando que esto podría fomentar el abuso de las horas extras en lugar de otorgar un verdadero tiempo de recuperación. Por su parte, los defensores de la iniciativa destacaron que la medida busca elevar la productividad y mejorar la salud de los empleados, alineando a México con las tendencias de países como Chile, Ecuador, Estados Unidos y gran parte de Europa.
Tras el aval en el Congreso, el dictamen será enviado a las legislaturas estatales, donde requiere la ratificación de al menos 17 congresos locales para integrarse definitivamente a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo. La reforma asegura que esta transición no implicará recortes salariales ni pérdida de prestaciones para los trabajadores. Mientras el Ejecutivo se prepara para su publicación oficial, el debate sobre la "justicia de tiempo" permanece abierto, con sectores sociales y políticos vigilantes ante la posibilidad de que la flexibilidad en la extensión de la jornada termine diluyendo los beneficios de esta deuda histórica con el sector obrero.