El Gobierno Federal ha decidido avanzar con firmeza en su propuesta de reforma electoral, incluso si esto implica hacerlo sin el respaldo total del Partido del Trabajo y el Partido Verde. Durante su reciente comparecencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la iniciativa será enviada al Congreso de la Unión tras una breve pausa en su entrega, enfatizando que los principios que sostienen el proyecto no están sujetos a negociación. La mandataria fue clara al señalar que no aceptará modificaciones que alteren la esencia de lo que considera un compromiso con la ciudadanía, instando a sus aliados a aceptar el documento bajo los valores de austeridad y representatividad que su administración ha defendido.
Entre los puntos más polémicos y novedosos de la iniciativa destaca la facultad que se le otorgaría al Instituto Nacional Electoral para intervenir en redes sociales y eliminar noticias falsas de forma inmediata durante los periodos de campaña. Además, la reforma busca transformar profundamente la estructura de los Congresos locales y el financiamiento de los partidos, proponiendo una reducción drástica en el costo de los procesos electorales. Un cambio estructural clave es la modificación de la representación proporcional; Sheinbaum sostiene que cualquier persona que aspire a un cargo de elección popular debe buscar el voto directamente en el territorio, eliminando la comodidad de las listas partidarias que garantizan escaños sin necesidad de campaña.
A pesar de que el PRI y otros sectores han cuestionado el proyecto, la jefa del Ejecutivo rechazó las acusaciones de quienes afirman que busca instaurar un partido de Estado, asegurando que la propuesta respeta la pluralidad política del país. Aunque el PT y el PVEM solicitaron tiempo adicional para analizar el contenido, la decisión de la presidencia es inamovible: la iniciativa se presentará independientemente del acuerdo previo con sus socios de coalición. Con esto, la responsabilidad de su ratificación recaerá directamente en el Poder Legislativo, donde se definirá si el modelo de fiscalización y representación popular de México experimenta una de sus transformaciones más radicales en décadas.