María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, señaló que la reforma carece de un diseño integral que considere la realidad operativa de las empresas y la desaceleración económica actual.
"La reforma laboral debe basarse en corresponsabilidad entre Estado, trabajadores y empresas", presuntamente dijo, para evitar que los costos recaigan únicamente en el sector productivo.
La dirigente pidió incentivos fiscales temporales, flexibilidad sectorial, gradualidad diferenciada, y programas nacionales de productividad, capacitación y digitalización. También destacó la necesidad de reducir cargas regulatorias y fortalecer la formalización laboral.
Por otro lado, Mauricio Massud Martínez, presidente del Concaem, indicó que muchas empresas aplicarán el cambio de inmediato, pero el 98% de las pymes lo harán de forma gradual.
Se espera que para 2027 a 2030, cuando la reforma entre plenamente en vigor, las condiciones económicas —como un crecimiento anual de 3 a 4%— permitan absorber mejor el impacto del ajuste.